por Gabriel Holand

Desde que la Unión Europea se constituyó como tal se generaron organismos burocráticos representativos de todos los países miembros, y la misión prevista para ellos sería lograr acuerdos políticos comunitarios a fin de aplicarlos unificadamente en la zona del euro.

Uno de ellos es el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que debe ofrecer dinero a los socios de la alianza que se encuentren en situación crítica.

Pero el país que quiera acceder a la “ayuda” debe, primero, conseguir la anuencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE). Además se requiere que los ministros de Finanzas de la alianza, en forma unánime, presten su acuerdo a la iniciativa.

Hasta ahora, el mencionado FEEF resultó muy poco eficaz para ofrecer una solución, siquiera transitoria, a la crisis del euro.

Sin embargo, en los últimos días sus miembros discutieron algunas reformas a la estructura del organismo que, de cristalizarse en acuerdo, podrían alentar una solución –al menos temporaria– para las exhaustas deudas soberanas (y bancos) de Europa.

Eso sería muy importante en momentos en que la amenaza de quiebra ya alcanza, además de a las naciones denominadas “periféricas” como Grecia y Portugal, a las economías de Italia y España.

El porqué del espanto de los mercados en agosto y septiembre. En realidad, cuando se creó el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (mayo de 2010) se pensó en él como una herramienta útil para atender emergencias de los países menos desarrollados y más pobres de la eurozona.

Por lo tanto, los recursos asignados a tal fin jamás contemplaron la posibilidad de asistir a “pesos pesados” como españoles e italianos.

Así, mientras que al organismo de ayuda se le asignó una caja de 440 billones de euros, la suma de deuda pública de itálicos e ibéricos alcanza la bonita suma de 2 trillones de euros. Es decir que, in extremis, haría falta quintuplicar los recursos de liquidez oficiales existentes para cubrir los eventuales impagos de ese origen.

Por lo tanto, los mercados percibieron hace ya semanas que, en buen romance, la plata no alcanzaría para atender a toda la fila de solicitantes.

Y por supuesto que, en vez de correr el riesgo de un efecto contagio, huyeron prestamente de cualquier activo de riesgo, aunque fuera por las dudas.

Para peor, los operadores tomaron nota de que, además de que los fondos de asistencia son ya limitados, el BCE –que debió actuar como “banquero de última instancia del sistema”– se mostró renuente a comprar mayores cantidades de deuda soberana de los países con problemas.

Es cierto que en algún momento el BCE aclaró que mantendría su ayuda hasta que el Fondo de Estabilidad Financiera se reformara y estuviera en condiciones de tomar la posta de ayudas financieras, pero lo hizo en forma tardía y poco convincente, por lo cual la catarata de pérdidas de las Bolsas globales se mantuvo con prisa y sin pausa.

La esencia del problema financiero. Lo usual en las finanzas públicas es que la mayoría de los gobiernos otorguen créditos a largo término, sobre todo de fomento o para infraestructura, pero se fondeen con recursos financieros de corto plazo. Eso lleva a que, anualmente en promedio, la tesorería oficial deba renegociar con los ahorristas e inversores la renovación de sus imposiciones.

Y, ante cualquier bache financiero, a las autoridades les queda la posibilidad de recurrir a su Banco Central para que los ayude con emisión monetaria. En ese sentido, basta con ver en los EE.UU. cómo la FED auxilia al poder central periódicamente.

Pero la UE carece de ese mecanismo, ya que cualquier expansión monetaria del euro –al menos formalmente– debe contar con el consenso de todos los países miembros.

De esta forma, si los inversores se rehusan a comprar deuda pública de un gobierno por mejores cuentas fiscales que éste pueda exhibir se encontrará en problemas para conseguir dinero fresco.

Para los bancos, el inconveniente es similar, porque tienen créditos a cobrar a largo término (hipotecarios, prendarios), pero los “plazos fijos” de sus clientes vencen en promedios cortos.

Por eso, y por tener también intereses entrelazados, los gobiernos ayudan a la banca ante cualquier circunstancia que haga peligrar la liquidez de las entidades financieras.

Entonces haría falta que los países de la eurozona pudieran ser tratados igual que si fueran bancos para estos casos de emergencia.

De esa manera podrían contar con ayuda ilimitada por parte de la autoridad monetaria “madre”, el Banco Central Europeo.

Sin embargo, según sus estatutos, el BCE carece de facultades para hacer tal cosa porque el alcance principal de su misión es mantener el poder adquisitivo de la moneda única y, de este modo, la estabilidad de precios en la eurozona.

Entonces es el Fondo de Estabilidad Financiera quien debe cumplir el rol de “cajero auxiliador” de los países de la alianza, pero su bolsillo es limitado e insuficiente.

Para solucionar tal problema, según algunos técnicos, se debería autorizar a que dicho fondo pueda comprar cantidades ilimitadas de deuda soberana “mala” y luego vendérsela al Banco Central de la eurozona como si fuera un banco más.

Ahora parecería que, luego de largos tires y aflojes comunitarios, tal mecanismo de distribución de efectivo tendría visos de ser aprobado por el conjunto de los gobiernos miembros de la UE.

De esa forma, grandes problemas como los de España o Italia podrían ser atendidos simplemente con activar la maquinita impresora, aunque en forma velada.

Pero, siempre hay un pero, el problema se crearía para algunos operadores del mercado que se verían privados de un área propicia para los ataques especulativos, ya que serían ahuyentados por “el gran hermano” monetario que proveería de ayuda a cualquier país amenazado. Y bueno, nada es perfecto.

¿La crisis europea es sólo un problema técnico? Ojalá lo fuera. Como se sabe, las angustias económicas de la alianza son de fondo y exceden largamente cualquier parche financiero, por eficiente que éste sea.

Aun así, falta implementar tal herramienta proveedora de liquidez, y el proceso de aprobación en Europa requiere aunar múltiples voluntades e intereses.

Y, sobre todo, conseguir que Alemania, el fiel de la balanza, dé su apoyo a la iniciativa.

Porque si ese país admite que el BCE otorgue dinero sin límites para asistir a las deudas gubernamentales en problemas, deberá aceptar que se emitan los euros necesarios para tal fin.

Eso atentaría contra todas las restricciones que el gobierno de la canciller Merkel logró imponer hasta ahora. Y sus electores, ella lo sabe, leen habitualmente los diarios financieros.

Publicado en Diario BAE